Una investigación anticorrupción, iniciada por la Presidencia de Ucrania y centrada en la gestión del banco estatal Sense Bank, ha suscitado interrogantes que van mucho más allá del presunto blanqueo de 150 millones de grivnas. Lo que está en juego es la gobernanza de los activos nacionalizados, la independencia de las instituciones anticorrupción ucranianas, la privatización prevista del banco, un arbitraje internacional por valor de más de mil millones de dólares y la credibilidad de Kiev a medida que avanza en las negociaciones de adhesión a la UE.
Una semana después de que los investigadores anticorrupción ucranianos revelaran una operación con el improbable nombre en clave de “Forrest Gump”, el asunto se ha convertido en uno de los escándalos de gobernanza más importantes que han sacudido a Ucrania en tiempos de guerra.
En el fondo subyace una pregunta engañosamente simple: ¿De dónde procedían realmente los 150 millones de grivnas (aproximadamente 3.4 millones de dólares) utilizados para conseguir la libertad bajo fianza del exministro de Justicia y Energía, Herman Halushchenko, figura central del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Zelensky?
La respuesta ofrecida por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) es extraordinaria.
Según los investigadores, los fondos ilícitos, bajo la supervisión y gestión de Iryna Mudra, subdirectora de la Oficina del Presidente de Ucrania, se transformaron en fondos aparentemente legítimos a través de diversas empresas y cuentas bancarias. El origen del dinero está vinculado a Timur Mindich, principal sospechoso de otro escándalo de corrupción y estrecho aliado del presidente Zelensky. El objetivo era pagar la fianza de un sospechoso en la Operación Midas, una investigación sobre presunta corrupción en torno a la empresa estatal de energía nuclear Energoatom.
Según la cuenta oficial de la NABU, miembros de una organización criminal, en complicidad con representantes y funcionarios de un banco estatal, organizaron el blanqueo de 150 millones de grivnas durante junio de 2026. Supuestamente, el dinero se introdujo en el sistema financiero legítimo a través de cuentas pertenecientes a empresas fantasma antes de ser utilizado para pagar fianzas.
La prueba más reveladora publicada por la NABU no es solo una transferencia bancaria, sino las propias confesiones de Mudra, que ofrecen una visión más amplia. En una conversación grabada, una voz femenina atribuida a ella dice: «La corrupción debe sistematizarse y controlarse… No hay necesidad de combatirla». Un interlocutor masculino añade: «Y de liderarla». Estas palabras las pronuncia uno de los más altos funcionarios ucranianos a cargo de la reforma judicial. Sin embargo, sus propias palabras son posiblemente más inquietantes, pues presentan la corrupción no como un abuso que debe eliminarse, sino como un sistema que debe organizarse y mantenerse bajo control político.
Otras grabaciones muestran a Mudra hablando del banco estatal Sense Bank, donde tuvo lugar esta operación de lavado de dinero, como un activo que debía estar bajo control político directo y usarse para enriquecerse. Relata un acuerdo propuesto según el cual figuras políticas del partido Servidor del Pueblo de Zelensky se abstendrían de atacar al banco mientras “Sense Bank tenía que pagarles”, y cita una instrucción que recibió de arriba para “apropiarse del banco” porque manejaba “flujos importantes”. Luego describe a sus gerentes como personas dóciles que llevaban dinero a dondequiera que un alto funcionario de la Oficina Presidencial les ordenara, y agrega que se habían “arrastrado” hacia ella “como gatitos” pidiendo protección.
Grabación publicada por NABU También parecen mostrar a Mudra hablando sobre la protección que ofrece la institución encargada de investigar este tipo de conductas. Pregunta cómo movilizar votos para “nuestros” candidatos al Consejo de Supervisión Pública de la NABU y describe al jefe de la SAP, Oleksandr Klymenko, como “uno de los nuestros”, advirtiendo que si consigue un segundo mandato, “estaremos todos jodidos”. En conjunto, estas frases sugieren algo más amplio que la participación en una sola transacción sospechosa: un presunto intento de controlar un banco estatal e influir en los organismos capaces de investigar dicho control. De ser autenticadas y confirmadas en su contexto, proporcionarían pruebas inusualmente directas de captura política y conciencia de la mala conducta. Mudra niega haber cometido delito alguno y afirma que los extractos se publicaron de forma selectiva y sin su contexto completo.
Tomar el control del banco
Las revelaciones son impactantes en muchos sentidos y tendrán repercusión durante años. Una de las más sorprendentes es el uso del banco estatal Sense Bank como una máquina sistemática de lavado de dinero.
Sense Bank arrastra una carga política y legal inusual. Hasta 2022 se conocía como Alfa-Bank Ukraine y era propiedad de estructuras corporativas asociadas a ABH Holdings. Entre los accionistas beneficiarios figuraban empresarios rusos como Mikhail Fridman y Petr Aven.
Posteriormente, Ucrania impuso sanciones y, en julio de 2023, el gobierno nacionalizó Sense Bank. El Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que la medida tenía como objetivo mantener la estabilidad financiera y proteger a los depositantes tras la imposición de sanciones a los accionistas mayoritarios. Actualmente, el Estado posee el 100% del banco.
Por lo tanto, no se trataba de un banco comercial cualquiera que supuestamente estuviera siendo explotado. Era un activo que Ucrania había nacionalizado durante la guerra, en gran parte debido a las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con su anterior propietario.
El material de origen examinado por EU Reporter describe esto como una característica crucial del escándalo: después de la nacionalización, la acusación no es simplemente que agentes corruptos realizaron transacciones a través de Sense Bank, sino que se fue estableciendo progresivamente una influencia política sobre la gobernanza de la institución.
Esa acusación sigue siendo objeto de controversia y no ha sido confirmada por un tribunal. Sin embargo, los documentos publicados por la NABU y ampliamente difundidos por el Kyiv Independent y otros importantes medios ucranianos plantean interrogantes que las autoridades ucranianas difícilmente pueden ignorar. El Kyiv Independent informó el 22 de agosto que los registros internos del Comité de Nombramientos revelaban intentos de influir en el consejo de supervisión de Sense Bank tras la nacionalización. El periódico informó que Iryna Mudra, entonces subdirectora de la Oficina del Presidente y presidenta del comité encargado de seleccionar a los miembros del consejo de supervisión, promovió con firmeza a Mykola Hladyshchenko para un puesto en el consejo a pesar de las objeciones relativas a su competencia, posibles conflictos de intereses y empleos anteriores. Posteriormente, Hladyshchenko se convirtió en presidente del consejo de supervisión.
La investigación también citó conversaciones filtradas anteriormente en las que supuestamente se describía a los posibles candidatos a la junta directiva como «los nuestros». Seis personas mencionadas en ese contexto fueron posteriormente nombradas. EU Reporter no ha verificado de forma independiente la autenticidad de esas grabaciones ni de las actas filtradas del comité, por lo que su contenido debe atribuirse a las publicaciones que las obtuvieron.
Sin embargo, ahora las agencias anticorrupción, creadas con el apoyo y la orientación de la UE, presentan sus conclusiones, que sugieren que el banco fue capturado deliberadamente con fines delictivos. La NABU afirma que, a principios de junio de 2026, los presuntos organizadores habían obtenido el control de facto de Sense Bank, lo que les permitió utilizar cuentas de empresas controladas en el esquema de lavado de dinero. Esta acusación ha dado lugar a acciones en los niveles más altos de la regulación financiera.
Bolsas de dinero en efectivo, empresas fantasma y un cuello de botella bancario
El supuesto funcionamiento de la operación se asemeja más a una novela policíaca que a una investigación sobre el cumplimiento de las normas bancarias. Según el material de investigación recopilado en el documento original y los informes ucranianos posteriores, el dinero en efectivo se concentraba supuestamente a través de empresas vinculadas al exdiputado y promotor inmobiliario Maksym Mykytas antes de ser intercambiado o canalizado a través de empresas capaces de introducir fondos no monetarios aparentemente legítimos en el sistema bancario.
La fuente describe supuestas entregas de dinero en efectivo en bolsas y cajas, que se realizaban a través de empresas como Metrobud y otras entidades, y conversaciones sobre cómo las transacciones podrían eludir los controles de supervisión financiera.
El régimen ucraniano contra el blanqueo de capitales establece un umbral legal de 400 000 UAH para ciertas obligaciones de control financiero, además de requisitos más amplios basados en el riesgo. Sería erróneo afirmar que todo pago superior a 400 000 UAH está automáticamente prohibido; más bien, se espera que los bancos identifiquen, examinen y, cuando sea necesario, informen sobre las transacciones de acuerdo con los criterios legales y de riesgo.
La importancia de la acusación de la NABU no radica simplemente en el monto del pago. Los investigadores alegan que las personas involucradas en la transacción discutían activamente cómo superar o eludir las barreras de cumplimiento. Las grabaciones publicadas, atribuidas a miembros del presunto grupo, incluyen una conversación sobre un funcionario de cumplimiento de Sense Bank que podría impedir la transacción. En una grabación, Mudra afirma haber recibido una orden “de arriba” para despedir a un funcionario del banco que se negaba a autorizar la transacción. El plan revelado por la NABU presenta un panorama impactante: para realizar la transferencia, los sistemas de monitoreo automatizado del banco fueron desactivados temporalmente durante la transacción.
Estas son las acusaciones de la NABU presentadas ante el tribunal. Sin embargo, el gobierno ucraniano ya las ha tomado con la suficiente seriedad como para emprender acciones inmediatas. Esto confirma que las acusaciones de la NABU están bien fundamentadas.
Salvando las apariencias
El 19 de agosto, el Consejo de Ministros suspendió por seis meses al presidente del consejo de supervisión, Mykola Hladyshchenko, e inició la suspensión del presidente del consejo de administración, Oleksii Stupak. El Ministerio de Finanzas declaró explícitamente que su intervención tenía como objetivo abordar riesgos como el posible uso de Sense Bank para el blanqueo de capitales y la supervisión inadecuada de los procedimientos contra el blanqueo de capitales.
Al día siguiente, el gobernador del Banco Nacional de Ucrania, Andriy Pyshnyi, fue más allá. El Banco Nacional de Ucrania concluyó que Hladyshchenko ya no cumplía con los requisitos legales de independencia para ser miembro del consejo de supervisión e inició un procedimiento para examinar la idoneidad colectiva de todo el consejo. El 21 de agosto, el gobierno le retiró definitivamente sus poderes a Hladyshchenko. Esta reacción regulatoria es importante porque transforma el episodio, de una acusación sobre conducta delictiva individual a un posible fallo de gobierno corporativo y supervisión bancaria.
El propio Sense Bank ha declarado que está cooperando con las autoridades. Tras los registros realizados por la NABU, el banco afirmó que deseaba que las circunstancias se esclarecieran “de forma completa y objetiva” y que estaba proporcionando a los investigadores la información requerida conforme a los procedimientos legales.
Pero la cuestión clave es otra. Ya se han presentado múltiples acusaciones sobre el uso del banco nacionalizado Sense para supuestos esquemas corruptos o clandestinos. La revelación de la NABU no surgió de la nada ni fue un caso aislado. En investigaciones previas de la NABU y de la prensa, se presentaron hechos impactantes sobre cómo se había utilizado el banco. ¿Cómo era posible que, en tiempos de guerra y tras la nacionalización de uno de los bancos más grandes, este se convirtiera en una máquina de lavado de dinero?
El papel de la Presidencia
La principal sospechosa es Iryna Mudra. Mudra se desempeñó como subdirectora de la Oficina del Presidente y era responsable de importantes asuntos legales y de política judicial, incluidos los mecanismos internacionales relacionados con la agresión rusa y los activos rusos congelados. El presidente Volodymyr Zelenskyy la destituyó el 19 de agosto. El Decreto Presidencial n.° 734/2026 confirma la destitución, pero no especifica el motivo. La NABU y la SAPO le notificaron a Mudra sobre las sospechas que pesaban sobre ella. El 25 de agosto, el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ordenó su detención preventiva durante 60 días, con la posibilidad de liberarla bajo fianza de 20 millones de grivnas. La fiscalía había solicitado una fianza considerablemente mayor.
Mudra niega haber cometido delito alguno. Ha argumentado que las grabaciones publicadas se han presentado de forma selectiva y fuera de contexto. A través de sus abogados, ha declarado que está cooperando con los investigadores y dispuesta a responder a sus preguntas mediante el debido proceso legal. El documento original recoge expresamente dichas objeciones y advertencias sobre la procedencia y la calidad de algunas grabaciones.
El 24 de agosto, el presidente Zelenskyy afirmó que los organismos anticorrupción no tenían “ninguna pregunta” para él en relación con la investigación.
La sombra de mil millones de dólares sobre Sense Bank
Existe otra dimensión jurídica. Tras la nacionalización de 2023, el antiguo accionista ABH Holdings inició un arbitraje ante el CIADI contra Ucrania, reclamando más de mil millones de dólares y alegando expropiación ilegal. La UNCTAD registra la controversia como ABH contra Ucrania, caso CIADI n.º ARB/24/1, relativo a la antigua propiedad de Alfa-Bank/Sense Bank. Un procedimiento aparte, EMIS contra Ucrania, también se refiere a la presunta expropiación ilegal de Sense Bank.
La decisión del gobierno de 2023 se tomó en el contexto de las sanciones y las consideraciones de estabilidad financiera. El cumplimiento de los tratados de inversión pertinentes es competencia de los tribunales internacionales, no de una investigación penal llevada a cabo tres años después. No obstante, las pruebas sobre cómo se gestionó el activo tras su nacionalización podrían convertirse en información contextual relevante en dichos procedimientos.
La demanda de ABH alega que la nacionalización de Sense Bank fue ilegal. Ucrania defenderá la nacionalización basándose en sus propios argumentos legales y de seguridad nacional. Una posterior alegación de que actores con conexiones políticas explotaron la institución nacionalizada no resuelve esa disputa legal, pero podría complicar considerablemente la situación para Kiev. El análisis de fuentes proporcionado a EU Reporter identifica correctamente esta posible intersección. Forrest Gump puede plantear dudas sobre la mala fe en la nacionalización original, y las consecuencias podrían ir mucho más allá de la libertad bajo fianza de un funcionario presuntamente corrupto.
Y para colmo, Mudra también fue una de las funcionarias responsables de formular y defender públicamente la posición de Ucrania frente a ABH Holdings, antigua propietaria de Sense Bank, en su demanda ante el CIADI por más de mil millones de dólares relacionada con la nacionalización del banco; posteriormente, presidió la delegación ucraniana en otros importantes procedimientos internacionales. Esto crea una contradicción particularmente perjudicial: una funcionaria que defendió la intervención como una medida legítima de seguridad nacional y estabilidad financiera ahora está acusada de contribuir a que el mismo banco quedara bajo control político y de utilizarlo para blanquear dinero procedente de actividades delictivas. Las acusaciones no prueban por sí solas que la nacionalización de 2023 fuera ilegal, pero socavan seriamente la credibilidad fáctica y moral del caso de Ucrania y ofrecen a ABH un argumento contundente de que el banco no fue transferido a una gestión estatal genuinamente independiente, sino a un sistema vulnerable a la captura política.
Por qué Bruselas debería estar atenta
La investigación de Forrest Gump no es un caso aislado. Sus raíces se remontan a la Operación Midas, la investigación de la NABU sobre la presunta corrupción a gran escala en la empresa estatal de energía nuclear Energoatom. La NABU afirma que Midas destapó una estructura criminal involucrada en corrupción sustancial y el consiguiente lavado de dinero. Los avances posteriores de la investigación se extendieron hasta 2026.
Las acusaciones del caso Forrest Gump se refieren al dinero que finalmente se utilizó como fianza para una persona implicada en esa investigación más amplia. Esto cambia la naturaleza de la conducta alegada. Si la fiscalía demuestra su caso, significaría que el dinero generado mediante actividades delictivas no solo se ocultó o se gastó, sino que supuestamente se reintrodujo en el propio sistema de justicia penal para garantizar la libertad de otro sospechoso.
Y aquí llegamos al punto de vital importancia para Bruselas.
Ucrania inició formalmente las negociaciones sobre el grupo de competencias fundamentales de la UE el 15 de junio de 2026. Este grupo abarca el poder judicial, los derechos fundamentales, la justicia y la seguridad, la contratación pública y el control financiero. Es crucial destacar que se trata del primer grupo que se abre y el último que se cierra, y la Comisión Europea ha dejado claro que los avances en este ámbito determinan el ritmo general de las negociaciones de adhesión.
Ucrania recibe simultáneamente un apoyo financiero extraordinario de la Unión Europea. El Mecanismo para Ucrania proporciona hasta 50 millones de euros entre 2024 y 2027, y dicho apoyo está condicionado a mecanismos democráticos, el estado de derecho, una gestión financiera sólida, salvaguardias anticorrupción y compromisos de reforma.
Por lo tanto, la cuestión para Bruselas no es si existe corrupción en Ucrania. Ningún proceso de adhesión serio parte de la premisa de que los países candidatos están libres de corrupción.
La prueba más importante reside en si las instituciones pueden descubrirlo, investigarlo, enjuiciarlo y corregir las deficiencias de gobernanza que lo permitieron sin obstrucción política. Desde esa perspectiva, Forrest Gump presenta dos narrativas contrapuestas. La interpretación negativa es evidente: se alega que personas que ocupan algunos de los puestos más altos del Estado ucraniano manipularon un banco nacionalizado y eludieron los controles para blanquear dinero procedente de actividades delictivas.
La interpretación institucional más positiva es que los propios organismos anticorrupción de Ucrania los investigaron, publicaron pruebas, emitieron notificaciones de sospecha, provocaron destituciones en un banco estatal y llevaron a uno de los exfuncionarios presidenciales de más alto rango del país ante un tribunal anticorrupción independiente.
La versión que finalmente prevalezca dependerá en gran medida de lo que suceda a continuación.
