Lo que resulta cada vez más difícil de justificar en el interminable litigio de FTX es la flagrante incompatibilidad entre un sistema de quiebras obsoleto, la extrema volatilidad del mercado de criptomonedas y los incentivos perversos que dicha incompatibilidad ha generado. La legislación estadounidense sobre quiebras se redactó décadas antes de la existencia de las criptomonedas. Fue concebida para colapsos corporativos tradicionales con activos relativamente estables, no para tokens descentralizados que pueden ganar o perder miles de millones en cuestión de semanas. Sin embargo, esas mismas normas rígidas se están aplicando ahora a una de las implosiones financieras más extraordinarias de la historia moderna, produciendo un resultado que, si bien puede ser técnicamente legal, se percibe profundamente distorsionado en la práctica.
Actualmente hay más de 12.500 millones de dólares disponibles para su redistribución, y se espera que la reestructuración devuelva entre el 119 % y el 143 % de las reclamaciones de los clientes. En otras palabras, a los acreedores no solo se les está reembolsando la totalidad de sus deudas, sino que se les está devolviendo más. Pero eso es precisamente lo que está sucediendo.
