La próxima fase de la historia de Bangladesh comenzó la semana pasada con las aplastantes elecciones del Partido Nacionalista de Bangladesh. Tras su victoria, el Primer Ministro Tarique Rahman señaló que su gobierno se centraría en arreglar “una economía frágil acosada por instituciones debilitadas y el deterioro de la ley y el orden”.
El reconocimiento de Rahman de la situación económica y la ausencia de ley y orden fue, a primera vista, un guiño a las frustraciones que impulsaron las protestas de julio de 2024. Pero para los observadores más cercanos, también era un reconocimiento tácito de los 18 meses de fracaso del Gobierno provisional.
A pesar de afirmar que había logrado una “estabilización” económica que condujo a un “reequilibrio estructural” de los pilares económicos básicos, el Gobierno Provisional llevó a cabo en gran medida una campaña de represalias selectivas -aparentemente sin tener en cuenta el Estado de Derecho- contra las empresas y sus propietarios, socavando la confianza de la industria.
Durante su mandato, conglomerados empresariales como Summit Group, Alam Group, Gemcon Group, S Alam Group, Nassa Group, Orion Group y Nabil Group, entre otros, fueron objeto de presuntas irregularidades. Apenas tres días después de las elecciones, el empresario singapurense Muhammed Aziz Khan, presidente de Summit Group, vio congelados sus activos en Bangladesh tras las acusaciones de que el grupo disfrutaba de “exenciones sobre los ingresos de proyectos”.
Ahora, Rahman debe enfrentarse a esta situación heredada, en la que las medidas enérgicas contra las empresas afectaban a aquellas “percibidas como vinculadas a la administración Hasina”, y distinguir la realidad de la ficción. De poco sirve que la falta de apropiación y transparencia sobre las deficiencias del Gobierno provisional sólo hará más difícil que el BNP y Rahman se enfrenten a la realidad económica del país.
¿Y qué hay de esa realidad? La inflación se ha mantenido en un nivel alto y persistente (8,58% en enero), con un aumento del 0,6% en el precio de los productos básicos. La caída del crédito privado, que dura yasiete meses , ha provocado el agotamiento de los préstamos y el estancamiento de las inversiones económicas en medio de la incertidumbre. El sector de la confección, afectado por los aranceles estadounidenses y el Gobierno provisional, ha reaccionado con excepcional lentitud, dejando a la mano de obra, en su mayoría femenina, en una situación de extrema vulnerabilidad. En el ámbito internacional, las relaciones con entidades económicas clave como el FMI y el Banco Mundial han sido extremadamente tensas, lo que ha provocado retrasos en la liberación de fondos cruciales del FMI.
Mientras tanto, las grandes visiones de reforma económica que el gobernador del Banco de Bangladesh, Ahsan Mansur, trató de imponer se han quedado, afortunadamente, en nada. Las decisiones sobre la independencia del banco central se han estancado con razón.
La Orden del Banco de Bangladesh proponía una reorientación fundamental del banco central y cualquier cambio de este tipo necesita la plena consideración de un parlamento debidamente elegido. Pero la falta de voluntad del Gobierno provisional para aprobar la orden no fue tomada a la ligera por los miembros del banco, que organizaron una protesta pidiendo la dimisión del Ministro de Finanzas. Resulta revelador que, en lugar de mostrar una esperanzadora unidad en sus últimos días en el poder, los responsables del futuro económico del país se hayan enfrentado en la prensa, intentando arañar cualquier influencia que les quedara.
Para quienes no ocupan puestos de influencia o poder, los últimos días del gobierno provisional dejan pocas soluciones a los problemas subyacentes que provocaron las protestas de julio. Las desigualdades siguen profundamente arraigadas , el amiguismo ha quedado impune y las voces de las mujeres y los estudiantes que encabezaron las protestas han sido prácticamente silenciadas. Al final, el mandato del gobierno provisional al frente de Bangladesh puede dejar más preguntas que respuestas.
